TOTALITARISMO DEMOCRÁTICO
EL PAÍS, lunes 21/01/2008TRIBUNA: Totalitarismo democrático
Jordi Borja
Excusas por el título. Contradictorio, poco comprensible y muy poco
elegante. Cuentan que Felipe González le contestó a Maragall, cuando éste le
propuso como modelo el "federalismo asimétrico", que la cosa no colaba ya
que "a los españoles es difícil hacerles entender un concepto abstracto, dos
juntos ya es imposible". Si además uno niega al otro, debo reconocer que el
título puede sorprender, pero no gustar. No se me ha ocurrido uno mejor,
pues en algunos casos la legitimidad democrática sirve de cobertura a un
comportamiento totalitario, aunque no se sea consciente de ello.
La designación de los consejeros de la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales ha sido el más reciente caso expresivo de una tendencia al
monopolio oligárquico del poder político al que tiende nuestra inmadura
democracia partidista. Totalitarismo democrático, de baja intensidad y
relativamente benévolo si lo comparamos con los brutales totalitarismos del
siglo pasado, pero que supone una perversión del ejercicio del poder en una
democracia y contribuye a la exclusión de la ciudadanía, que expresa su
rechazo de la manipulación mediante el desinterés por la política.
No es necesario recordar los hechos. Los aparatos de partido, todos, con la
complicidad de sus grupos parlamentarios, escenificaron un lamentable
mercadeo, cada uno colocando a sus peones en los medios de comunicación
públicos de Cataluña. En vez de consensuar una lista amplia, basada en
criterios de profesionalidad e independencia, nos ofrecieron la imagen de
que su único interés era garantizarse una cuota de poder. Lo cual no sólo es
un fraude al espíritu que se le supone a la ley, sino que también afecta a
la credibilidad de las personas designadas, lo cual puede ser injusto, y de
las instituciones y organismos que han intervenido en este proceso, a pesar
de que han actuado en el marco de la ley. Porque aquí está el problema. Los
grupos parlamentarios no sólo han actuado con mal estilo ahora: ya lo
hicieron mal cuando aprobaron la ley, reservándose el derecho exclusivo de
nombrar a los consejeros, sin otro requisito que una vaga "idoneidad
profesional" de las personas. La propuesta de nombres debería haber seguido
un camino inverso: un organismo independiente selecciona un número superior
de personas idóneas, representativas de la pluralidad de la sociedad civil,
y el Parlament, si tiene la competencia de nombrarlos, elige en esta lista a
los consejeros.
El método que se está aplicando a este tipo de organismos reguladores o
controladores de materias específicas de suma importancia para nuestra vida
colectiva es tendencialmente totalitario, contribuye a la pérdida de
confianza y de interés de los ciudadanos en las instituciones, y devalúa
considerablemente la calidad y la eficacia de nuestra democracia. Y puede
llevar a situaciones absurdas y peligrosas, como sucede ya con la crisis del
Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Vivimos en
sociedades complejas, los intereses y los valores son heterogéneos y deben
ser tenidos en cuenta. Se ha ampliado mucho el campo de actuación de las
instituciones y de los organismos que cumplen funciones de interés general.
La separación tradicional de poderes que se equilibran y se complementan, el
ejecutivo, el legislativo y el judicial, no es suficiente. Existen los
distintos niveles territoriales reforzados por los procesos modernizadores y
democratizadores del Estado . Y las instituciones generadas por la sociedad
industrial y el welfare state (o Estado de bienestar), como la justicia
laboral, la contratación colectiva, la gestión de la seguridad social, los
consejos económico-sociales, etcétera. Y existen otros organismos de
naturaleza especial, de creación en muchos casos más reciente, como los que
tratamos ahora, que son cada vez más necesarios.
Se trata de organismos que tienen atribuidas funciones de regulación,
gestión o control sobre materias que por su especificidad son separables de
la gestión política general y requieren una independencia relativa respecto
de los gobiernos y los partidos. La principal razón que justifica esta
independencia es que gobiernos y partidos son parte directamente interesada
y no pueden ser también jueces, por ejemplo en la regulación y el control de
los procesos electorales o, en el caso que nos interesa ahora, de los medios
de comunicación (en este caso se añade la gestión de los de carácter
público). Si son parte, y no todo, pero se atribuyen esta función reguladora
o gestora, están expropiando a otros sectores o al conjunto de la sociedad
de algo que también es suyo, sus votos, su opinión. En el caso de los medios
públicos de comunicación, el suceso que nos ocupa se trata de una
apropiación indebida que tiene un efecto perverso, contrario además a los
intereses públicos y de la misma institución, el Parlament, responsable del
acto. Se han deslegitimado los medios de comunicación de carácter público y
se han reforzado las presiones privatistas en este sector. La imagen
partitocrática que se ha dado tiene como consecuencia blanquear la imagen de
los medios de propiedad privada, que para muchos aparecen como más
"independientes y pluralistas", aunque disten de serlo.
En nuestras democracias el espacio comunicacional es una parte fundamental
del espacio público democrático, cumple funciones esenciales en la formación
de los valores, de las opiniones y de los comportamientos colectivos, y debe
ser tratado con un cuidado especial para garantizar que nuestras sociedades
plurales se sientan representadas y tengan confianza en los organismos
actuantes en este espacio. El comportamiento grosero de los aparatos de
partido en este caso es una agresión a nuestra vida democrática. La
democracia tiene dos dimensiones, tan indispensables la una como la otra.
Una dimensión formal, procedimental, que se expresa en las reglas y los
procesos de organización de las instituciones, y de las relaciones entre
éstas y con la ciudadanía, y que tiene como finalidad garantizar los
derechos y las libertades de los ciudadanos. Y una dimensión material, que
se realiza mediante las políticas públicas destinadas a crear las
condiciones para que estos derechos y estas libertades sean efectivos y
especialmente contribuyan a reducir las desigualdades. En ambos casos se
requiere la motivación activa y la confianza receptiva de la ciudadanía.
Todo lo cual ha sido grave e innecesariamente cuestionado por unos aparatos
políticos caracterizados por un afán de poder tan excesivo como ingenuo y
por una indiferencia incomprensible respecto a cómo sus actos pueden afectar
a la sensibilidad democrática de los ciudadanos.
Los partidos políticos, porque así lo permite la Constitución y así lo
quieren ellos, monopolizan el poder legislativo y el ejecutivo tanto en las
instituciones centrales del Estado como en las territoriales. ¿No es ya
bastante? La existencia de unos contrapoderes específicos es un
enriquecimiento democrático, aumenta las garantías de la ciudadanía y las
posibilidades de participación plural en la vida pública de la sociedad
civil. Algo que buena falta hace a nuestra joven democracia.
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